La escala de la participación social

La participación social para que sea algo más que un eslogan y se transforme en un paradigma de la acción pública, requiere que una ciudadanía encuentre sentido a participar, es decir que la energía y tiempo que ella invertirá en las inagotables jornadas de trabajo llegará a un resultado concreto y, en definitiva, beneficiará a su núcleo familiar, a su entorno inmediato y a su ciudad, al país. En otras palabras, participación implica un grado de incidencia práctica en las decisiones que le afectan de manera directa. De allí que la participación social entendida como trasmisión de información desde el aparato del Estado a la sociedad civil no es más que el primer peldaño que debemos subir. En este aspecto se ha avanzado bastante gracias a las políticas llamadas de “modernización del Estado” y de gobierno transparente. El segundo peldaño corresponde a la consulta ciudadana, al estilo de las metodologías de evaluación de impacto ambiental, que consisten en preguntar la opinión a la gente de ciertos acontecimientos puntuales que pueden afectarles. Sin embargo, si la consulta no es vinculante, a menudo estos procedimientos son considerados por la ciudadanía como “una tomadura de pelo”. Nos parece, en cambio, que se discurra, en torno a un tercer peldaño de la escala, a saber la participación deliberativa. Contando con la información adecuada y un marco de razonamiento pertinente, la ciudadanía y el Gobierno analizan conjuntamente, con franqueza y en un ambiente de libertad, las ventajas y desventajas de un evento o decisión. Un último peldaño, ciudadanía y Estado, en los niveles que correspondan, llegan a un cierto compromiso o transacción social que es vinculante para todas las partes.