"La revuelta del gas, Regionalismo, Movimientos Sociales y actores políticos en la revuelta del gas en Magallanes,2011

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" La revuelta del gas – Regionalismo, movimientos sociales y actores políticos en la revuelta del gas en Magallanes, 2011
Por Manuel Luis Rodríguez

PRÓLOGO
Este ensayo contiene un análisis detallado de las causas, dimensiones y características del proceso de movilización social que se produjo en la región de Magallanes, Chile, en la primera quincena del mes de enero de 2011, contra el alza tarifaria del gas natural.
Se ha adoptado aquí un enfoque multidisciplinario tanto desde la Historia Social, como de la Ciencia Política y la Sociología de manera de intentar comprender las diferentes fuerzas en presencia, procesos y dimensiones que estuvieron en movimiento en estos eventos.
Esta es una contribución intelectual para la Asamblea Ciudadana de Magallanes, para entender y razonar el pasado, para dimensionar el presente y sobre todo, para proyectar el futuro.
Punta Arenas – Magallanes, 24 de enero de 2011.-
ELEMENTOS PARA UN MARCO TEÓRICO:
LAS CRISIS COMO COYUNTURAS DE TENSIÓN
La crisis de la política en la transición a la modernidad
La Política, como práctica social y como universo simbólico, ha entrado en crisis, como una de las consecuencias de los múltiples impactos provenientes de la modernización.
La percepción ciudadana respecto de la Política está cada vez más degradada y deslegitimada, y este es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales para abarcar el conjunto de la sociedad y los sistemas políticos contemporáneos. Por lo tanto, la afirmación de que la Política, los partidos y la clase política han entrado en una prolongada crisis de legitimidad y credibilidad en la sociedad actual, no es básicamente un “argumento ideológico sesgado” –aunque pueda serlo en boca de ciertos políticos detractores de sus demás adversarios- sino que es un tópico respaldado por un cúmulo creciente de indicadores, entre los cuales las encuestas de opinión pública no son más que un factor.
La política tradicional se ha hecho no creíble, ha perdido la centralidad de su atractivo anterior.
La crisis de la Política es, a la vez, una crisis de la acción política, como una crisis de la percepción pública acerca de ella, es decir, de la cultura política.
El creciente predominio del discurso y las prácticas individualistas, y la búsqueda del éxito y la realización personal, y la notoria des-solidarización de los ciudadanos respecto de la sociedad en general y del sistema político en particular, son manifestaciones exteriores de una tendencia profunda que tiene lugar en la época contemporánea: la tendencia hacia la modernidad.
La modernidad –como tendencia estructural e ideológico-cultural dominante- se introduce en el sistema político, generando un efecto disolvente y desarticulador, de manera que las fuerzas, partidos y actores políticos tradicionales se ven enfrentados a la creciente tensión ocasionada por nuevos problemas y nuevas aspiraciones y demandas provenientes de una sociedad civil cada vez más culturalmente diversa y socialmente diversa.
Probablemente, uno de los rasgos más significativos que denotan la crisis de los paradigmas políticos, y la propia crisis de la Política (como práctica social), reside en la pérdida de su anterior centralidad en los procesos sociales.
En efecto, la Política aún cuando continúa siendo uno de los procesos sociales y culturales relevantes que tienen lugar en una sociedad histórica. Sin embargo, como efecto e impacto de la modernidad, ella ha perdido su centralidad siendo aparentemente sustituída por otros liderazgos, otros intereses ciudadanos, otras formas organizativas y comunicacionales, otros movimientos y protagonismos, y se ha convertido gradualmente, en objeto de crecientes críticas generando una percepción social negativa en torno suyo.
Probablemente lo más serio es que la Política, y por ende, la clase política, parecen dejar de ser el mecanismo único, seguro y válido de resolución de los problemas y las demandas de la ciudadanía, siendo parcialmente reemplazada por la Economía y la Administración pero también por la emergencia de movimientos sociales y ciudadanos que escapan a sus patrones de lectura e interpretación.
Esta transposición da como resultado que la Política pierde su atractivo mediático ante las multitudes, así como su capacidad de convocatoria social: los ídolos y líderes que atraen a los grandes colectivos modernos –cuando ellos existen realmente- ya no son los dirigentes políticos, y los símbolos políticos e ideológicos dejan de tener un poder de evocación y de representación simbólica significativa.
La Política –como forma de pensar la sociedad- parece desvanecerse en el universo mediático, sustituída o relativizada por otros universos simbólicos y valóricos.
Tampoco resultaría científico atribuir éste fenómeno a la exclusiva responsabilidad de “los políticos”, por más que sobre ellos cae una nebulosa de descrédito moral.
La crisis de la Política, es en realidad, la crisis de la política tradicional, y ella traduce en el plano de las instituciones y de los procesos políticos la crisis general que acompaña a la transición desde una sociedad anteriormente basada en valores y formas tradicionales de hacer política, hacia una sociedad en la que predominarían códigos, valores, modelos y formas organizativas modernas.
Aquel paradigma tradicional que hacía de la Política una actividad a la vez, elitista y masiva, basada en el contacto directo y paternalista entre el político y la ciudadanía, en grandes movilizaciones masivas evocadoras de la unidad de la nación, la clase o el partido, que generaba relaciones de dependencia y cooptación entre la clase política –otorgadora de bienes, servicios, favores y privilegios- y la ciudadanía –demandante y receptora de los beneficios que descendían desde las esferas políticas y del poder- en términos de clientelismo y caciquismo, ese paradigma está siendo gradualmente barrido o superado.
Y la manifestación más elocuente de esta crisis de la política es el surgimiento de la multitud como actor socio-político en este inicio del siglo xxi, esa multitud que Toni Negri define como “la multitud plural de las subjetividades productivas y creadoras” ([1]), sobre las que elabora Paolo Virno ([2]) y que Rheingold denomina “multitudes inteligentes” por su asociación estrecha con el uso intensivo de las TICs durante el movimiento.
Los cambios que se suscitan se encuentran en el surgimiento de una Política moderna o con rasgos modernos y fuertemente ciudadana basada principalmente en los efectos mediáticos y de imagen, en la capacidad individual del político para alcanzar cobertura y presencia comunicacional, en la profesionalización de la actividad política y dirigente, en la ingeniería de escenarios políticos virtuales, potenciados por la aceleración del tiempo, por el manejo intensivo de la comunicación y sus contenidos, y por la circulación instantánea de la información, de manera que ésta última deviene el poder, pero también caracterizada por la creciente autonomía y el protagonismo emergente de los movimientos sociales y socio-culturales respecto de los referentes partidarios.
Crisis y crisis socio-políticas
Todo proceso político y social está caracterizado por ciertos momentos en los que el sistema o las relaciones sociales existentes no pueden continuar funcionando tal como lo han hecho hasta ahora, porque se han acumulado una serie de disfunciones, tensiones y contradicciones. Esos momentos son las crisis, los que deben ser analizados tanto desde una perspectiva estructural, sistémica o institucional, como de su secuencia temporal o histórica.
Ambas dimensiones analíticas son complementarias e interdependientes: lo sincrónico y lo diacrónico; el aspecto organizacional e institucional y el aspecto procesual.
En lo particular del movimiento de movimientos que nos ocupa, sostenemos la hipótesis de trabajo que se trató de una crisis socio-política en el sentido que su desarrollo implicó formas de cuestionamiento desde la sociedad organizada y desde la multitud en movimiento hacia el orden político, aunque sin poner en entredicho los fundamentos de las instituciones del sistema.
Las multitudes ciudadanas magallánicas, dotadas de un fuerte acento regional y regionalista no cuestionaron los fundamentos institucionales del orden político, sino que apuntaron hacia el centralismo entendido como una modalidad específica de ejercicio y gestión del poder caracterizada por la centralización en la capital de los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel estatal como corporativo.
La movilización y la crisis que ésta genera, se dirige a la precariedad de los procesos de consulta y de participación ciudadana, a la actitud de cerrazón y de prescindencia de las autoridades regionales ante el creciente clamor ciudadano, al tiempo que una percepción de incomprensión de las características distintas del modo de vida en la región de Magallanes. Es probablemente la clave centralista que los ciudadanos interpretaron en la decisión de alza de las tarifas del gas (tomada por el directorio de ENAP en Santiago), una de las causas que electrizó el sentimiento regionalista aparentemente adormecido, involucrando a puntarenenses, natalinos y porvenireños.
Pero la crisis despertó y develó además otros agravios locales y regionales pendientes, como se analiza más adelante.
Para los efectos de este ensayo, podemos definir una crisis socio-política como una coyuntura fluída donde intervienen componentes del sistema político e institucional y movimientos y expresiones sociales y colectivas en demanda de determinadas aspiraciones y reivindicaciones y cuya presión pone en tensión una parte o el conjunto del sistema político.
Aproximaciones
a un concepto realista de crisis política
Uno de los rasgos más sorprendentes de toda crisis, es que con mucha frecuencia los propios actores involucrados no perciben claramente que se encuentran en una coyuntura de crisis.
Toda crisis es una coyuntura, pero no toda coyuntura es una crisis.
Una crisis se constituye en un momento en el que se sintetizan y se concentran la mayor parte de las tensiones y conflictos que se manifestaban tanto en la superficie como bajo la superficie de los acontecimientos que constituían el proceso político y social. En la secuencia de eventos que constituyen el proceso político, siempre se encuentran larvadas las condiciones y factores que pueden desencadenar unas crisis.
Por lo tanto, para comprender las crisis en general y las coyunturas críticas en particular, debemos tener en cuenta el factor azar: al interior de la compleja malla de interrelaciones e interdependencias que dan forma dinámica al proceso político en el tiempo y en el espacio, siempre se encuentran incubados aquellos factores cuya colisión va a conducir hacia una crisis.
Las crisis políticas pueden así definirse como coyunturas fluídas en las que se concentran los puntos de tensión y se alteran los rangos de funcionamiento de los sistemas y las relaciones entre los actores componentes de un sistema.
La trayectoria de las crisis
Toda crisis así como todo fenómeno político y social, sigue una trayectoria, es decir, despliega una secuencia de acontecimientos interrelacionados entre los cuales existe generalmente una relación de causalidad, de manera tal que la forma cómo se manifiesta una fase, ello determina la forma cómo va a producirse la fase siguiente.
Las crisis socio-políticas –podría decirse- se desplazan en el tiempo y en el espacio en la forma de ondas expansivas y disruptivas.
Para el mejor examen de las coyunturas de crisis, resulta conveniente y usual practicar un análisis de la secuencia de eventos que la constituyen.
La Ciencia Política moderna identifica a lo menos las siguientes fases consecutivas en toda crisis:
a) fase de acumulación de tensiones;
b) fase de desencadenamiento de la crisis y punto de no retorno;
c) fase de escalamiento y agudización de la crisis;
d) fase de resolución de la crisis.
Pero la secuencia aquí presentada nada nos dice de los actores que intervienen en el curso de la coyuntura de crisis y del rol que tienden a desempeñar a lo largo de la secuencia.
En efecto, todo proceso político es siempre y en última instancia, un complejo juego de relaciones entre individuos, entre grupos, entre actores políticos, es decir, de actores sociales dotados de voluntad e intereses políticos, de manera que es su intervención, son sus prácticas las que determinan el curso de los acontecimientos.
En política y en particular en las crisis políticas, no son fuerzas ciegas ni instituciones anónimas las que intervienen y determinan el curso de los acontecimientos: son los actores políticos y sociales –siempre entendidos como actores programáticos, o sea dotados de voluntad de poder e intereses políticos, sociales e identitarios propios y característicos- los que actúan o dejan de actuar, los que gesticulan y despliegan sus recursos en procura del logro de sus demandas y de sus intereses.
Otra cosa a estudiar, es el rol y la importancia que esos actores tienen al interior de una coyuntura determinada.
Aquí siempre hay que distinguir entre actores claves o determinantes y actores secundarios y lo que los diferencia es su respectiva capacidad de ejercer algún grado de influencia en el curso de los acontecimientos que constituyen la coyuntura en estudio. Del mismo modo, no hay que perder de vista que una coyuntura de crisis pueden tener uno o varios espacios o lugares donde los hechos suceden y donde la crisis se decide y se resuelve.
Pero, por lo pronto, incorporemos ahora a los actores políticos y sus respectivos roles en una dinámica cambiante de interdependencia y tensiones.
En efecto, en el transcurso de toda crisis socio-política se producen cambios a veces imperceptibles en las percepciones mutuas de los actores en presencia, sucesivas modificaciones y adaptaciones en las respectivas agendas individuales y grupales, ajustes en curso de las estrategias, tácticas y gesticulaciones, mutaciones en el juego intenso de acción y reacción de los actores políticos e institucionales ante el desplazamiento masivo de las multitudes. De este modo, los procesos de negociación y diálogo para resolver el conflicto, una vez transcurrido el “punto de no retorno” de los acontecimientos, suscita un juego entrecruzado de intensas presiones mutuas sobre los negociadores y sobre todo el proceso, para tratar de aparecer posteriormente como los artífices del acuerdo alcanzado. ([3]).
Pero además, para comprender una crisis o una coyuntura cualquiera, hay que situarla en el tiempo. La secuencia temporal de los acontecimientos obedece a una lógica de intensificación y aceleración.
El tempo de la crisis
Para los efectos de su análisis, toda crisis puede ser descompuesta –como se ha visto en la descripción gráfica anterior- en una secuencia cronológicamente situada de eventos; toda crisis es una secuencia de eventos, es decir, una sucesión temporal e interconectada de acontecimientos ejecutados por los actores que tienen lugar en un espacio determinado, en la forma de una cadena más o menos contínua de sucesos.
Los tiempos en los que sucede la secuencia de los acontecimientos de la crisis, no corren a la misma velocidad que los tiempos en los que suceden los acontecimientos “normales”. Se acelera el tiempo, se acelera el ritmo del tiempo y se acelera la secuencia de eventos que componen la crisis.
Los cambios de ritmo del tempo ocurren o se manifiestan cuando ocurren ciertos momentos en los que los acontecimientos parecen tener un lento desarrollo y otros en los que la secuencia se interrumpe o los eventos se aceleran unos tras otros.
En el curso de una crisis –política, social, internacional- los actores tienen la impresión de que existe una suerte de “aceleración del tiempo”, como que los eventos se suceden a una mayor velocidad temporal lo que ocurre en los tiempos de no-crisis o de normalidad.
Esta aceleración del tiempo es real, es efectiva. Los actores involucrados en una coyuntura de crisis, la viven y la experimentan esa aceleración temporal, pero con frecuencia no saben manejarla, no conocen el impacto de la noción tiempo en el comportamiento de los demás actores. Algunos analistas y politólogos han podido afirmar en este sentido, que quién controla el ritmo y los tiempos de una coyuntura de crisis, está en condiciones de intentar manejar, controlar o conjurar una crisis; ello es medianamente cierto, ya que hay que analizar también el juego de acción y reacción de los demás actores involucrados.
Una de las características distintivas de las coyunturas de crisis es que el tiempo durante el cual ocurren, transcurre a un ritmo distinto del resto del llamado “tiempo normal”, y por eso se le denomina el tempo de la crisis, para referirse a un tiempo de ritmo distinto y de mayor aceleración en la ocurrencia y frecuencia de los eventos.
LA REVUELTA DEL GAS EN MAGALLANES:
CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El movimiento ciudadano de protesta contra el alza del gas en la región de Magallanes, desatado durante la primera quincena del mes de enero de 2011, tiene antecedentes y procesos precursores anteriores que fijan una secuencia de decisiones y acciones políticas y sociales, cuyas causas y consecuencias no serán completamente dimensionadas sino tras el paso del tiempo y la decantación de los hechos.([4]).
El punto de partida formal de este proceso, se encuentra en una decisión adoptada en el seno del directorio de ENAP (el 29 de diciembre de 2010) para elevar en un 16.7% las tarifas del gas que esta empresa estatal suministra a la distribuidora privada GASCO, alza que estaba destinada a impactar profundamente sobre el conjunto de la actividad económica de la región. Pero, esta decisión gubernamental tiene elementos antecedentes, procesos anteriores y decisiones que la preceden y cuyo examen permite comprender la complejidad de las causas y de los efectos sociales y políticos que suscitó.
El propósito de este ensayo es intentar responder algunas interrogantes:
¿Cuáles fueron las causas profundas que movieron a los ciudadanos magallánicos en protesta contra el alza del gas y qué rol cumplió la Asamblea Ciudadana en el proceso de convocatoria, desencadenamiento y desarrollo de esta protesta?
¿Cuál fue el comportamiento de los actores políticos e institucionales ante este movimiento ciudadano?
Para responder estas interrogantes se requiere profundizar en los orígenes sociales y políticos de la Asamblea Ciudadana y en el proceso mismo de la crisis ocurrida en la primera quincena de enero de 2011.
Los orígenes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes
El punto de partida de la idea de una Asamblea Ciudadana de la región, surge de dos procesos aparentemente desconectados en el tiempo.
Por una parte, del fracaso de la experiencia del Movimiento Magallanes Se Levanta, realizado en el segundo semestre del año 2008 y principios del 2009, reuniendo a organizaciones sociales, gremiales y vecinales de la ciudad de Punta Arenas, con el propósito de levantar distintas demandas y reivindicaciones sociales dispersas ([5]). Este movimiento no pudo expandir su desarrollo por distintas causas y los dirigentes que la impulsaron consideraron que sus demandas no lograron la resonancia social suficiente, por lo que continuaron explorando nuevas vías de movilización y organización.
Durante el año 2010, y en forma esporádica distintos lideres sociales se reunieron en busca de configurar una organización social en forma de movimiento que sintonice con las demandas ciudadanas pendientes, en torno a un núcleo de dirigentes de la CUT, de la ANEF, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes de Punta Arenas y de algunas organizaciones de jubilados, de microempresarios, de comunicadores y de derechos humanos.
Todo comenzó con cinco dirigentes sociales.
Entre agosto y septiembre estos dirigentes se reunieron con creciente frecuencia para enfrentar y criticar públicamente al planteamiento realizado por el gobierno de Sebastian Piñera de efectuar un cabildo digital a través del cual validar su propio programa de gobierno.
El gobierno de Sebastian Piñera terminó desoyendo la propuesta de los dirigentes sociales de realizar cabildos abiertos y en agosto-septiembre realizó un insólito cabildo digital (en el que participaron alrededor de 1.600 personas, en una población regional de más de 160.000 habitantes) cuyos resultados nunca fueron publicados, mientras la autoridad publicó un “Plan Magallanes”, como programa de gobierno de la nueva administración sin considerar las propuestas de los representantes de las principales organizaciones sociales ciudadana de Magallanes. Ya en agosto-septiembre de 2010 el gobierno regional mostraba los rasgos característicos de su estilo de gobierno: desoir a los movimientos sociales y ciudadanos, definir por si mismo sus metas de gobierno y actuar de un modo inconsulto ante la ciudadanía, dentro de la matriz ideológica neoliberal.
El núcleo de los dirigentes sociales discutieron durante septiembre de 2010 y acordaron la creación de una organización ([6]), y asumieron que se trataría de una organización social ciudadana, sin la presencia de actores políticos ni de representantes de partidos políticos, sino que tuviera la amplitud y carácter pluralista que haga posible la integración máxima de dirigentes sociales provenientes de las más diversas organizaciones y horizontes políticos y culturales.
El problema del carácter social y ciudadano de la nueva organización fue objeto de extensas discusiones, ya que se trataba que la entidad reúna a dirigentes sociales, invirtiendo la relación tradicional de subordinación de los partidos políticos sobre los líderes y movimientos sociales, sino que por el contario, fuera un movimiento donde el protagonismo central y principal fuera de los dirigentes sociales, quedando los líderes y representantes políticos y partidarios en un rol de segundo plano, aunque no menos importante. La ACM es entonces un referente social cuyos dirigentes pueden ser o no militantes de partidos políticos ([7]), pero su orientación fundamental es el trabajo colectivo de articulación y orientación directa de los intereses y demandas de sus organizaciones, por encima de las diferencias ideológicas naturales y en función de la representación de la ciudadanía.
La fase de acumulación de tensiones:
gestiones y trámites infructuosos
Al tiempo que se incubaban los ingredientes del conflicto, la decisión del directorio de ENAP de subir en un 16.7% las tarifas del gas en Magallanes fue percibida colectivamente como un gesto impolítico y carente de toda referencia social.
El gobierno regional fue incapaz de explicar adecuadamente los significados de esta decisión y durante los primeros días de enero de 2011, las autoridades políticas regionales –ciegos y sordos ante la marea social que se vendría- se dedicaron a tratar de justificar el alza sobre la base de argumentos de carácter económico, activando aun más el descontento ciudadano y el rechazo político a esas autoridades ([8]).
Las autoridades de gobierno se mostraron atadas de mano y poco prolijas para enfrentar políticamente la demanda ciudadana de los magallánicos. El 7 de enero los 14 dirigentes de la Asamblea Ciudadana enviaron una carta al Presidente de la República en demanda de una solución: la carta no solo no ha sido nunca contestada formalmente, sino que fue otro gesto infructuoso por tratar de hacerse oir por la autoridad.
La Asamblea Ciudadana tuvo que adaptar sus capacidades humanas y organizacionales –aparentemente limitadas- a los requerimientos de un movimiento ciudadano que crecía y que se iba haciendo multiforme.
El despliegue territorial de los dirigentes hizo posible que la dirección y coordinación del movimiento y del paro, pudiera contar con información (aunque incompleta y a ratos tardía) acerca de lo que sucedía en toda la región. Pero esta exigencia de coordinación en terreno y la necesidad imperiosa de flujos de información actualizada y verificada de los eventos que se sucedían, la suplieron con alta eficiencia e impacto los medios de comunicación y particularmente las transmisiones radiales en directo. ([9]).
La fase de desencadenamiento
y el “punto de no retorno” de la crisis
La reacción ciudadana frente al alza del gas fue rápida y casi fulminante. La noticia del alza del gas se supo en la región ente los días 30 y 31 de diciembre.
La región apenas alcanzó a celebrar Año Nuevo, ocasión en que ni siquiera se lanzaron fuegos de artificio: mientras en el resto de Chile brillaban las luces y las celebraciones, en Magallanes el 31 de diciembre y el 1° de enero se respiraba un aire de tristeza, desencanto e impotencia.
Podría usarse una metáfora sísmica, para graficar la ocurrencia de un profundo desplazamiento de placas tectónicas sociales, políticas y culturales que se desplazaron desde la aparente pasividad hacia la manifestación pública, colectiva y multiforme de un verdadero estallido multitudinario de identidad regionalista apuntado en dirección de la autoridad gubernamental.
Se trata así de la instalación de la sociedad civil en el espacio público, la instalación disruptiva de la democracia participativa y el poder ciudadano dentro y fuera de las instituciones de la democracia representativa tradicional. ([10]).
En pocos días, las casas comenzaron a mostrar sus banderas negras y banderas regionales. Las caravanas de vehículos sonando sus bocinas crecían en número y en frecuencia.
El sábado 1° de enero comenzaron a moverse los actores sociales y políticos.

El Cabildo Abierto realizado en el Salón Azul de Punta Arenas el 1° de enero congregó a unas 80 personas y allí se decidió impulsar una movilización ciudadana masiva. Estuvieron presentes alcaldes, concejales, dirigentes de la Asamblea Ciudadana y 3 de los 4 parlamentarios de la zona. “Marchas y paro contra el alza del gas en la región”, titulaba el domingo 2 de enero el diario El Magallanes, retratando el ambiente reinante en el cabildo de la noche del sábado.
La sacudida sísmica llegó de inmediato a las instituciones políticas.
El lunes 3 de enero, durante la 1° sesión del Consejo Regional del año 2011, la totalidad de los Consejeros Regionales (de todos los sectores políticos allí representados, incluyendo de los partidos de gobierno), criticaron la medida anunciada por el gobierno central, poniendo de manifiesto el creciente aislamiento político de la autoridad ejecutiva regional frente a un ambiente de rechazo ciudadano creciente.
La corriente principal del movimiento apuntó gradualmente hacia la paralización de actividades, tanto porque el silencio de las autoridades regionales daba luces de su incapacidad para tomar decisiones concretas y urgentes, como porque las fuerzas sociales ciudadanas puestas en tensión y coordinadas in situ por la Asamblea Ciudadana, empujaban hacia una profundización y expansión del conflicto.
En una semana, entre el 29 de diciembre y el 5 de enero, el conjunto de los actores sociales y políticos de la región comenzaron a ponerse en movimiento de una manera impensada y en direcciones que se hacían cada vez más convergentes.
Los medios de comunicación (muy en particular los titulares de la prensa escrita, las emisiones radiales, los programas especiales de la televisión regional, la creciente cobertura de la televisión y radios nacionales, la presencia de corresponsales nacionales e internacionales), generaron una espiral comunicacional en que la movilización ciudadana se alimentaba y retroalimentaba de los contenidos de los medios.

La fase de escalamiento y agudización de la crisis:
un movimiento en la forma de ondas expansivas y disruptivas

Aunque parezca extraño, la onda disruptiva no vino solamente desde las multitudes que comenzaron a hacerse presentes en la escena, y desde las tomas y piquetes de corte instalados en puntos estratégicos de calles, avenidas y rutas del territorio regional.
El sismo y la “falla tectónica” producida eran mucho más profundos.
Se trataba además de una explosión simbólica de los imaginarios sociales, políticos y culturales latentes en la región. Las protestas del gas en Magallanes fueron mucho más que protestas por el gas. En los hechos, además las “multitudes inteligentes” dieron forma a un desplazamiento contínuo del movimiento desde los hogares a la plaza pública, a las calles y avenidas, y a flujos intensivos de información activados también por el uso intensivo de las TICs como mecanismo de transmisión de datos in situ. ([11]).
El desplazamiento de placas tectónicas vino también desde los diversos actores políticos e institucionales: primero fue el Consejo Regional, después vinieron los Alcaldes y concejales municipales a adherir al movimiento (a través del Capítulo Regional de Municipalidades), a continuación todos los partidos políticos existentes en la región se manifestaron ([12]) y finalmente se pudo percibir la incorporación e involucramiento de hecho de los militantes de partidos al interior de la corriente del movimiento.
Los partidos políticos no estuvieron ausentes del movimiento: ellos se involucraron en las profundidades del movimiento y de la protesta, otorgando explícitamente a la dirigencia social de la Asamblea Ciudadana el protagonismo de la primera fila y de la opinión pública y quedando los líderes políticos en segundo plano.
La adhesión de los gremios del transporte y de las organizaciones empresariales, aun en su diversidad de compromiso efectivo con el movimiento, contribuyó a generar la percepción que la paralización podía afectar algunos de los rubros esenciales de la actividad económica.
Los gremios del transporte (taxis colectivos, taxis básicos y camioneros independientes no vinculados al Sindicato respectivo), contribuyeron decisiva y crucialmente a producir un efecto paralización que fue visualmente notorio, que bloqueó los desplazamientos por las arterias principales de las ciudades, que inmovilizó a la población consumidora y trastocó la normalidad de la vida urbana. Las personas y las multitudes volvieron a circular a pie, lo que a su vez activó aún más la participación de la gente en las marchas y manifestaciones.
De este modo, el movimiento se manifestó simultáneamente de múltiples formas: actores políticos involucrados en las multitudes, manifestaciones callejeras y barricadas nocturnas en las poblaciones periféricas de las ciudades, marchas y concentraciones multitudinarias ([13]) acompañadas de actos artísticos y expresiones culturales, caravanas de vehículos recorriendo las calles y avenidas haciendo sonar sus bocinas y adornados con globos y banderas negras y banderas regionales.
Las ondas expansivas del movimiento magallánico local, alcanzaron a los numerosos magallánicos residentes en el resto de Chile y en otros países del mundo (donde se manifestaron públicamente incluso frente al Palacio de la Moneda en Santiago), y llegaron a Internet, a través de los numerosos periódicos electrónicos alternativos y páginas web, y hasta en las numerosas redes de Facebook y Twitter creadas aceleradamente como parte de la protesta.
La simbología y la metáfora socio-política y socio-cultural que se expresó en el movimiento contra el alza del gas en Magallanes, estuvo marcada por el sello regional y regionalista, una manera de señalar a los poderes centrales del Estado y la administración por su insensibilidad y desconocimiento ante las condiciones de vida particulares que caracterizan a esta región de Chile. ([14]).
Este sentimiento regionalista en movimiento solo encuentra sus lejanos referentes históricos en la movilización ciudadana en Punta Arenas por el Puerto Libre en 1959 y 1960, pero ahora, ante la ausencia de movimientos o partidos políticos regionalistas, la corriente se desplazó convocada por las propias organizaciones de ciudadanos articuladas por la Asamblea Ciudadana. Desde esta perspectiva puede afirmarse que la Asamblea Ciudadana de Magallanes actuó como un catalizador y articulador de los sentimientos regionalistas y como un movimiento regional de protesta ante el centralismo de la capital. ([15]).
Las multitudes salieron a las calles, generando una nueva e insólita cartografía de los desplazamientos ciudadanos ([16]) y dio forma a sentimientos y emociones guardados en el inconsciente colectivo.
Resonaron en las multitudes magallánicas los viejos eslogans de los sesenta y setenta (“el pueblo unido, jamás será vencido”) ahora remozados con las nuevas generaciones del siglo xxi (“Magallanes unido, jamás será vencido”, “no al alza del gas”, “Piñera, escucha, andate a la…” y otros), como antiguas reservas de memoria colectiva y de militancia que se entremezclaban con banderas azules y amarillas flameando en domicilios, fachadas y vehículos, con crespones negros llevados por niños a hombros de sus padres, con mujeres que marchaban llevando sus bebés y sus familias, con grupos de motociclistas haciendo resonar sus tubos de escape, con ollas comunes compartidas en los piquetes de corte de las rutas…
Un clima de alegre efervescencia y una explosión inusitada de sentimiento regionalista dominó en la semana entre el 5 y el 12 de enero, haciendo del paro regional un ejercicio inédito de democracia ciudadana, una escena diversa y horizontal de participación activa e imaginativa, de transversalidad política y social, de solidaridades y gestos de ayuda, de redes de intercambio de información, aun en medio de las dificultades del clima y de la falta de medios de transporte público. ([17]).
Notable es en este sentido que cuando la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la asociación de micro-empresarios AGIA decidieron desmarcarse del movimiento, a pocos días de su desenlace final, al día siguiente el paro regional continuó aun mucho más firme, intenso y decidido, porque lo que sucedió en la realidad y en terreno, es que las bases gremiales de esas entidades (comerciantes, pequeños industriales), sentían todavía una adhesión irrestricta a los objetivos del movimiento, a pesar de la defección de sus dirigentes.
El rechazo ciudadano que constataron esos dirigentes permite comprobar, de otra manera, el estado de ánimo en que se encontraba la mayoría ciudadana.

La fase de resolución de la crisis:
negociación y reconfiguración
de la escena social y política

Desde los inicios del movimiento y del conflicto, se encontraban dispuestas las condiciones y los factores para resolverlo, solo que los actores tuvieron que recorrer toda la trama de tensiones y de aceleración y expansión de las movilizaciones, para comprender las vías de la solución posibles.
Cuando se revisa la documentación alusiva al movimiento, se comprueba que las demandas estaban claramente anticipadas y que la resolución del conflicto (provisoria en definitiva) puede graficarse en un lento y desordenado desplazamiento del gobierno desde la intransigencia y la tozudez hacia el diálogo y la concesión.
En algún momento del proceso del conflicto, se tuvo la percepción que el slogan central del movimiento “No al alza del gas”, constituía al mismo tiempo, una meta clara y precisa a alcanzar, pero también un objetivo capaz de entrabar el proceso de diálogo y negociación al introducir elementos de rigidez que dificultaban a los negociadores de la Asamblea llegar a acuerdos viables.
Pocos han puesto el acento en un hecho político de enorme potencia: el gobierno negoció y dialogó con una región paralizada y en movimiento, y ninguna medida de reforzamiento de los contingentes policiales hizo claudicar a la determinación de la Asamblea. Los diálogos entre la Asamblea y el gobierno ocurrían en las oficinas y salones de gobierno, mientras afuera en las calles y plazas las multitudes presionaban y se hacían presentes. Y se hacían oir…
El gobierno (tanto a nivel central como regional) había leído mal y tarde lo estaba sucediendo en Magallanes ([18]) y ello pudo percibirse a lo largo de todo el proceso por las contradictorias declaraciones de los distintos Ministros, y autoridades que hicieron referencia al conflicto. ([19]).
Las condiciones del diálogo para resolver el conflicto, fueron construidas silenciosamente y en forma gradual por distintos actores políticos, líderes y parlamentarios, que jugaron sucesivamente la carta del Obispo católico de Punta Arenas, del subsecretario de Interior y finalmente del Ministro de Energía, con el propósito de resolver el diferendo.
En el propio proceso de diálogo y negociación se involucraron distintos actores políticos e institucionales, algunos presionando directa o indirectamente a los negociadores de la Asamblea, para ceder ante los ofrecimientos del gobierno y otros motivando por empujar aún más el límite de los logros y concesiones.
A medida que las negociaciones se desarrollaron, los términos de referencia del gobierno fueron cambiando, los conceptos y límites de la Asamblea fueron modificándose y precisándose y los negociadores y mediadores fueron agudizando y mejorando su capacidad de maniobra.
Aun así, el proceso mismo de la negociación entre la Asamblea Ciudadana y el gobierno, volvió a poner de relieve el carácter estructural y endémico de centralismo del aparato estatal chileno: todos los puntos críticos del diálogo eran discutidos directamente por los negociadores del gobierno con el Presidente de la República.
El Protocolo de Acuerdo alcanzado ([20]) se encuentra mucho más cerca de las demandas originales de la Asamblea Ciudadana que de los ofrecimientos y límites con los que comenzó el gobierno el diálogo, pero en el curso de éste, la autoridad política hubo de reconocer y validar la legitimidad de la Asamblea Ciudadana como uno de los interlocutores válidos de representación directa de la ciudadanía.
El término del conflicto abierto, no pone fin al diferendo que motivó el movimiento, pero los actores políticos y sociales aparecen ahora en una nueva configuración, en un nuevo despliegue de estrategias y tácticas.
Los efectos políticos ocasionados por la crisis del gas en Magallanes, no dejan de ser notables:
a) se provocó la renuncia de un Ministro de Estado (el Ministro de Minería Ricardo Reineri), hecho inédito en la historia política moderna;
b) se debilitó ostensiblemente la legitimidad política y la capacidad de gestión futura de la Intendenta Regional y su equipo político más cercano;
c) los partidos políticos y líderes de la Alianza en Magallanes quedaron fuertemente cuestionados para futuras postulaciones municipales o parlamentarias;
d) se visibilizó un quiebre evidente entre la UDI y RN en el equipo del gobierno regional y entre estos partidos y su propio gobierno;
e) facilitó el reencuentro de militantes y dirigentes de la Concertación y la oposición de izquierda en el seno del movimiento social; y
f) deslegitimó fuertemente el programa político de la derecha en la región de Magallanes.
Salvo contadas excepciones, la mayoría de los actores políticos e institucionales reconocen y asumen que la Asamblea Ciudadana de Magallanes es un actor socio-político con el cual deben contar en sus análisis y proyecciones, que es un actor que continuará presente en la escena social, mediática y política y que sus desplazamientos, acciones y omisiones dentro del escenario regional necesariamente repercutirán sobre el resto del espacio público regional y local.
Con frecuencia determinados actores políticos quisieron aprovechar el impulso y las marea ciudadana en movimiento para instalar sus propios protagonismos y agendas, pero se encontraron con una Asamblea que opera como una dirección colectiva de dirigentes sociales con capacidad de convocatoria y movilización, de propuesta y de negociación que no entraba en sus cálculos.
Cabe destacar que la Asamblea Ciudadana otorgó determinados niveles de protagonismo en y durante el movimiento a los parlamentarios de la zona, los alcaldes y concejales, a los consejeros regionales, pero siempre conservando la primacía de su propio protagonismo y de sus propios objetivos como entidad ciudadana de carácter social.
Este carácter de organización ciudadana o de movimiento de movimientos que tiene la Asamblea Ciudadana de Magallanes no fue oportunamente comprendido por determinados actores políticos, que veían a la organización como una entidad donde controlar decisiones o promover liderazgos o potenciar candidaturas, en circunstancias que las motivaciones y el estilo organizacional de la ACM eran de protagonismo y dirección social ciudadana.
La Asamblea estableció desde sus inicios un modus vivendi específico con los actores políticos: relaciones de igual a igual, protagonismo ciudadano y total apertura a establecer una interlocución abierta y equilibrada en la que las decisiones finales residiesen en la propia Asamblea.
No es un apoliticismo conservador, ni un antipoliticismo trasnochado ni un militantismo abierto: es la preeminencia de los actores sociales y ciudadanos como portadores de un proyecto y de determinadas aspiraciones y demandas, incluso o a pesar del accionar de los actores políticos.
La primera fila es para los dirigentes sociales y ciudadanos y los demás actores políticos e institucionales hubieron de alinearse a la nueva configuración emergente del escenario socio-político, o (metafóricamente) “perecer” barridos por la marea ciudadana.
Es la democracia de los ciudadanos, es la democracia participativa además de la democracia representativa.
Sin expresarlo directa ni abiertamente, el movimiento ciudadano por el alza del gas en Magallanes, en su brevedad concentrada en el tiempo y en su intensidad fáctica, fue una manifestación regionalista contra el modelo neoliberal de mercado y de desarrollo y contra el concepto institucionalizado de Estado subsidiario, según los cuales el mercado determina mediante su propia arbitrariedad desigualadota, los criterios de la distribución de los beneficios del progreso y del desarrollo.
Los más pobres de las ciudades de Magallanes (pobladores, mujeres jefas de hogar, obreros y trabajadores, jubilados, jóvenes y ancianos) junto a las clases medias (pequeños empresarios, artesanos, profesionales, funcionarios), esta vez, salieron masivamente a las calles, para rechazar una medida gubernamental centralista que los afectaba a todos y que estaba impregnada de neoliberalismo extremo.
En algún momento entendieron los partidos y los líderes políticos que el protagonismo principal es de los actores sociales, con su espontaneismo, con sus métodos de ensayo y error, con su improvisación e imaginación, con su capacidad operativa, pero con una determinación fruto de la certeza de sus convicciones, de sus propios orígenes ideológicos y de su capacidad de trabajar como equipo para ejercer la dirección y la coordinación de los movimientos sociales de los que provienen.
A diferencia del juego tradicional de los partidos políticos, la Asamblea Ciudadana contiene y expresa liderazgos colectivos salidos directamente de la ciudadanía organizada y no necesariamente mediados por los referentes partidarios.
Seguramente la experiencia del movimiento ciudadano contra el alza del gas, podría ser eventualmente el punto de partida de movimientos regionalistas en otros territorios del país o para el establecimiento de nuevas formas de vinculación y de relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, como ha sido el caso en Brasil o en Bolivia (entendiendo naturalmente las diferencias de escala).
Seguramente también los partidos y las dirigencias partidarias deberán reexaminar sus modalidades verticales de relacionamiento con las regiones y comunas ([21]), pero el “modelo magallánico”, para hacerse extensivo al resto de Chile, deberá todavía romper el centralismo mental que afecta a las clases gobernantes y dirigentes, enfrentar las estructuras centralistas de la administración pública y las empresas y poner de relieve las demandas y aspiraciones pendientes y no resueltas en esas otras zonas del país, en función de la especificidad de sus problemas."