Ley Valparaíso
No es primera vez que se promueve una ley especial para un territorio particular del país. Puede recordarse la Ley Arica que se promovió años atrás un parlamentario de la región, la ley Isla de Pascua durante la segunda mitad de la década de los '60 y otras tantas que no es del caso abordar en estas líneas. Normalmente se trata de un régimen de excepción normativa que se confiere a un territorio por sus particularidades geográficas (aislamiento), demográficas (escasa población humana), geopolíticas (zonas fronterizas) o económicas (deterioro económico). Sin dudas este debiera ser el motivo de una ley para Valparaíso.
La ciudad ha sufrido un tremendo deterioro socio-económico desde muchos años atrás. Algunos lo explican por el Canal de Panamá. Otros por el espejismo de la Ciudad Jardín. Unos últimos por la emergencia del transporte aéreo y la construcción del aeropuerto Pudahuel. Éstas son las causas remotas de la crisis. Durante el gobierno militar Valparaíso perdió la última parte de la economía industrial por las oportunidades que ofrecía la capital y la ausencia de estímulos a permanecer en regiones. La concentración económica y también la concentración territorial es el mal más grave del país y debiera ser el motivo de preocupación más importante de la clase política del país.
Se tuvo ocasión de conocer días atrás, por su visita a la ciudad desde México donde realiza sus estudios de posgrado, un interesante estudio de quien fuera profesional del PRDUV por varios años y amante del Valparaíso y del cerro Concepción, el sociólogo Sebastián Sepúlveda (su tesis de magíster se relaciona con el programa "Mi cerro Concepción" difundido en este portal). El sostiene que cualquier política hacia Valparaíso debe estimular y no, al contrario, inhibir, el desarrollo en sus actuales actividades económicas preponderantes: el puerto, las universidades y el comercio local. No hay duda que la única política existosa para la ciudad debe pasar por fortalecer estos tres ejes. Además, desde hace seis años, en el marco de inteligencia que ofrece la declaratoria de Sitio de la Humanidad de la Unesco. Sepúlveda llega en el momento en que la ciudad empieza a pensar a largo plazo.
Nos alegramos que la ciudad se una en torno al futuro de Valparaíso y una ley especial para nuestro territorio. Es hora que los partidos políticos de la región empiecen a comprometerse con estas temáticas centrales de la ciudad. El puerto debe protegerse como prioridad nacional y aportar a la ciudad evitando lucrar con terrenos que pertenecen moralmente a la ciudad. Las universidades son un tesoro inapreciable que debe contribuir no tan solo con empleos sino a mejorar la calidad de la política local. Deben desincentivarse los grandes centros comerciales que perjudican el pequeño y mediano comercio y relocalizarse en la periferia de la ciudad. Antes que crecer hacia fuera, la ciudad tradicional debe hacerse habitable y más grata.
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Comentarios
2 comments postedValparaíso es Chile. Nada de ley especial y programas especiales, sino buenos equipos, buenos proyectos y buena gestión, solamente esto nos llevará adelante.
Hablando de proyectos lean lo que dice el Mercurio de Santiago del 13 de Julio.
Lunes 13 de Julio de 2009
Instituto del Patrimonio
Tras varios años de estudio, parece estar pronto a iniciar su tramitación legislativa el proyecto que modifica la institucionalidad cultural de Chile. Existiría consenso en que la situación actual es inapropiada, y aunque dicha idea se ha venido repitiendo sin grandes cambios hace ya varios años, no se han logrado mejoramientos en algunas áreas cruciales, como la conservación del patrimonio. Durante el gobierno anterior se estudió largamente esta materia y se examinó la posibilidad de crear un Ministerio de Cultura, lo que finalmente se desechó, al formarse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). No obstante, durante el actual Gobierno han continuado los estudios en busca de una nueva institucionalidad, aunque llama la atención que en tal proceso no tenga un rol protagónico el CNCA, pues el proyecto referido habría sido preparado en otros ministerios.
En el programa de gobierno se anunciaba como una de las grandes innovaciones en este ámbito la creación de un Instituto del Patrimonio, reuniendo en una sola entidad las funciones hoy repartidas en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el MOP y el propio CNCA. Se anunciaba entonces que el nuevo organismo contaría con un fondo estatal para adquisiciones, que permitiría a los museos completar colecciones y, por cierto, se abocaría al tema patrimonial. Pero ya cercano a terminar el presente período presidencial, ese proyecto aún no comienza su trámite legislativo y es muy probable que deba enfrentar un largo proceso en el Congreso, donde podría sufrir transformaciones importantes.
El patrimonio cultural de Chile no recibe la protección que corresponde, según la opinión generalizada de los entendidos. Muchos estiman que las normas actuales serían incluso contraproducentes. Pero el avance ha sido muy lento y las propuestas de cambio se estudian por largo tiempo, mientras se deteriora rápidamente nuestra riqueza patrimonial. El objetivo del proyecto gubernamental -aún en estudio en el Ministerio de Hacienda- es preservar el patrimonio, pero la sola reorganización de las entidades actuales no bastará para ello. En cambio, una reforma de las normas tributarias que gravan a las obras arquitectónicas que forman parte del patrimonio nacional sí podría llevar a cambios con resultados tangibles. La incorporación de capitales e inversiones de particulares gracias a incentivos como los de la Ley Valdés ha demostrado tener un impacto notable en todos los países que la han aplicado.
Si este proyecto se limita a reorganizar el funcionamiento de las entidades existentes, aunque quizás podría llevar a una mejor gestión en el ámbito cultural -lo que diversas voces autorizadas han rebatido con energía-, difícilmente se logrará un real mejoramiento en la preservación del patrimonio cultural chileno.
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