Práctica abusiva 4: Leyes ad-hoc como "traje a la medida"

Según lo que se enseña en las Facultades de Derecho, los órganos públicos al momento de dictar normas no tienen, como los particulares, de una autonomía absoluta para tomar sus decisiones porque el ordenamiento jurídico les confiere el poder de actuar sobre los ciudadanos bajo la condición que no persigan sus propios fines, sino fines públicos. Un campo característico en el cual se transgrede la finalidad pública es en materia urbanística, en la cual en ocasiones se cambian las leyes (por ejemplo, el plan regulador), no persiguiendo fines urbanos sino proyectos inmobiliarios que en nada tienen que ver con una necesidad pública.

En Valparaíso tenemos desafortunadamente demasiados casos de leyes ad-hoc que han sido hechas para favorecer construcciones incompatibles con la condición de Sitio Patrimonio de la Humanidad. Hablamos de cambios sorpresivos de las reglas del juego urbanístico que operan en el sentido contrario a la ordenación racional del territorio y salvaguarda de valores patrimoniales, ecológicos y paisajísticos.

Los "coqueteos" de la autoridad municipal con Mall Puerto Barón será un caso ejemplar de abuso de las leyes ad-hoc. En el año 2004 se cambia la normativa urbanística para favorecer la construcción en el borde costero hasta una altura de 9,5 metros. Con esta normativa se licita la concesión de los terrenos portuarios y se los adjudica el consorcio vinculado a Mall Plaza. Inesperadamente, con el triunfo en la mano, el consorcio anuncia que en estas condiciones de edificación el proyecto no es factible y que necesitan todavía a lo menos 1,5 metros adicionales para hacerlo financiable. ¡Y el Alcalde accede a la desmesurada petición! dando luz verde a la enmienda al plano regulador, trámite que concluirá con la aprobación o rechazo por parte del nuevo Concejo Municipal.

En la ex cárcel ha habido idéntica maniobra legislativa ad-hoc. El proyecto Niemeyer debía hacerse por capricho de no sé quien. Como las leyes urbanas no lo permitían, éstas había que cambiarlas. De allí el intento –por fortuna frustrado por los concejales- de anular la condición de inmueble de conservación histórica y cambiar la condición de las vías de acceso al lugar de vías locales a vías de servicio. En la ex cárcel la gravedad es mayor que en el caso del borde costero pues el proyecto del arquitecto brasileño era financiado por el propio gobierno.

¿Son los proyectos los que deben ajustarse a las normas jurídicas, o son las normas jurídicas las que deben ajustarse a los proyectos? Los emprendedores de Valparaíso saben lo difícil que es adaptar sus proyectos a las exigentes leyes patrimoniales, y cómo las normas hacen que los costos de construcción se vayan por las nubes. Para ellos, los proyectos deben adaptarse a las normas. Para los inversionistas grandes, en cambio, las cosas parecen ser distintas. Ellos preparan sus proyectos y exigen, luego, que les cambien las leyes urbanas bajo la amenaza que si no las cambian se esfuman. ¡No hay derecho!