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Presentan iniciativa de negociación colectiva para sector público
El proyecto incluye por primera vez la posibilidad de que los trabajadores tengan derecho a huelga. Desde la ANEF valoraron la moción, pues consideran que es un avance para el sector.
Miércoles 28 de abril de 2010 |
La iniciativa fue presentada a días de que se realice una nueva conmemoración del 1 de mayo, cuando los trabajadores expresarán sus inquietudes laborales y sindicales.
En vísperas de la conmemoración de 1 de mayo, diferentes actores políticos han mostrado acercamientos con los trabajadores.
El lunes, el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), se reunió con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, y ayer fue el turno del senador UDI Hernán Larraín, quien presentó una iniciativa a la ministra del Trabajo, Camila Merino, para que el sector público pueda tener derecho a negociación colectiva y huelga.
En concreto, la propuesta busca crear un procedimiento de mediación con instancias obligatorias para acercar las partes en conflicto y con ello establecer acuerdos.
Ahora, de no resultar dicha instancia, los trabajadores fiscales podrán tener derecho a huelga, situación prohibida por la Constitución.
Desde el gobierno, la secretaria de Estado sostuvo que es una buena iniciativa, pues “debemos comenzar a trabajar en este tema y otros que aquejan a los funcionarios como los contratos a honorarios, carrera funcionaria y la jubilación, ya que estamos en deuda con los trabajadores públicos”.
Asimismo, indicó que “para que un Estado funcione bien es muy importante que la gente esté contenta y que sea reconocida, para eso debemos solucionar los temas pendientes que existen con los funcionarios”. En este aspecto, afirmó que “el Presidente Sebastián Piñera está de acuerdo con avanzar, porque ésta es la base para tener un Estado moderno”.
Para el parlamentario, el propósito de la propuesta es “regular las eventuales movilizaciones, pues actualmente no existe un marco legal que les permita negociar adecuadamente, ocasionando un daño a la ciudadanía en su conjunto”.
Por ello, Larraín espera que el gobierno convoque a una mesa de trabajo con distintas organizaciones sindicales y gremiales para que comiencen a trabajar en esta materia.
TRABAJADORES
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente, Raúl de la Puente, valoró la idea y la definió como “interesante”, porque reconoce el derecho a huelga. Ahora, con respecto a los temas específicos que aborda la propuesta, el dirigente comentó que “la estudiaremos más acabadamente para emitir un pronunciamiento del conjunto de las organizaciones”.
Para De la Puente, con este paso “se inicia una conversación sobre un derecho que está contemplado dentro del concepto de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con el de defender la estabilidad laboral y la carrera funcionaria”.
A su turno, el líder de la multisindical, Arturo Martínez, fue más cauto al comentar la idea, ya que “debemos saber el detalle de la propuesta”, aunque agregó que los distintos sectores públicos tienen la intención de mantener la mesa de negociación en conjunto.
Baja número de despidos por uso de “fuerza mayor”
Durante el mes de marzo, la Dirección del Trabajo (DT) recibió un total de 153.869 cartas-aviso de término de contrato, de las cuales 9.165 correspondían al artículo 159 Nº 6 referido a “fuerza mayor” a causa del terremoto del 27 de febrero pasado.
Sin embargo, la gran mayoría de estas cartas fueron presentadas durante la primera quincena del pasado mes, previo al dictamen de la DT que estableció los reales alcances del término caso fortuito o fuerza mayor. Además, según antecedentes entregados por la institución, 2.894 cartas fueron dejadas sin efecto. En el caso de la Región de O’Higgins, 123 trabajadores fueron recontratados y en el Biobío superó las 2.000 personas.
Por lo anterior, considerando todos estos aspectos, finalmente los trabajadores y trabajadoras despedidos con posterioridad al terremoto del 27 de febrero, en virtud del artículo 159 Nº 6, fueron alrededor de 6 mil 271.
En ese sentido, el subsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, precisó que el gobierno enviará al Congreso Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley para que precise qué es “caso fortuito o fuerza mayor”.
Por otra parte, Soto indicó que el gobierno desea ampliar la tasa de sindicalización del país, por lo que “la política laboral del gobierno debería llamar a que los trabajadores estén más incentivados a sindicalizarse, porque la tasa de afiliación sindical es un indicador muy importante. Hay caminos interesantes de desarrollar que deberían apuntar a tener sindicatos autorizados y con mayor capacidad negociadora, donde el diálogo social es más ordenado”.
atte
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