El patrimonio cultural de una ciudad debe ser cuidado por todos sus habitantes. Por ello, la Ley de Monumentos Nacionales reconoce a los ciudadanos el derecho a denunciar obras contrarias a la ley confiriéndoles lo que se llama una acción popular y a través de la cual puede incluso beneficiarse con una parte de la multa que se aplique al infractor. Estimulando esta acción ciudadana, piensa el legislador, pueden prevenirse daños a la integridad de los bienes patrimoniales o detectarse precozmente riesgos al patrimonio.
Pero la acción popular parece no importarle mucho a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso quien, aparentemente, ha empezado a aplicar un curioso procedimiento de fiscalización de obras ilegales. Frente a una denuncia de obra de dudosa legalidad informada por un vecino, la DOM envía a un inspector quien no tan solo revisa el inmueble denunciado sino, además, la propiedad del propio denunciante. Este último podría tener "techado de vidrio".
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