demolición

En las noticias de la región el arquitecto Seisdedos, a quien se atribuye responsabilidad por la ilegal destrucción de la casa Jacob de calle Papudo junto a Carlos Urquiza, exhibió grandes condiciones humorísticas, o bien una arrogancia sin límites, al señalar que para él la decisión del Consejo de Monumentos al obligarlo a realizar los expedientes de conservación de los ascensores Van Buren y La Cruz no es un castigo sino, al contrario, un premio a su destacada actuación en favor del patrimonio de la ciudad.

Periodista: Señor Seisdedos, los vecinos piensan que se trató de una primera sanción...
Arquitecto: ¿Cuál sanción hay acá? Los vecinos me han ayudado con la denuncia.
Periodista: Pero...

Hoy nos enteramos en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso que se estaba tramitando por la inmobiliaria Santa Ursula el permiso de demolición de la casa de Papudo 557, la cual, como denunciamos oportunamente, está totalmente destruida desde hace varias semanas. El arquitecto Matías Valdés fue encomendado para preparar el informe en el cual sugerirá que la propiedad de Jacob debe ser demolida por el estado de deterioro en que se encuentra.

Hace algunos meses el Asesor Urbano proponía al Concejo Municipal modificara el plano regulador de la ciudad en el sentido que las vías de acceso a la Ex Cárcel de Valparaíso pasaran a ser vía de servicios, y no más vías locales, sin por cierto darse la molestia de modificar sus dimensiones físicas. Hace ya más dos años se daba permiso de obra a la Universidad de Valparaíso para construir la Facultad de Arquitectura en el Paseo Atkinson sobre la base que éste era una vía de acceso equivalente a una calle.

¿Qué tienen en común todas estas declaraciones de la autoridad?

El Ministerio Público, en una decisión discutible por lo demás, estimó que la demolición ilegal de una casa en plena zona típica de la ciudad no es un delito sino una infracción administrativa. Por ello el caso "Hotel del Vino" pasó hace pocos días a ser investigado por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso. Tuvimos en un inicio la voluntad de insistir en que sí era un delito, de aquéllos castigados en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, pero desistimos porque la Fiscalía del Consejo de Monumentos Nacionales no cumplió con una promesa de acompañarnos en este proceso de discusión jurídica que bien podría haber sentado precedente para otras discusiones sobre destrucción de patrimonio cultural en Chile. Quizás a futuro retomemos esta argumentación.

Por ahora acudiremos a la Justicia Civil con el propósito que se apliquen a los arquitectos involucrados en el desaguisado multas que podrían ascender al equivalente entre 5 y 200 unidades tributarias mensuales (7 millones de pesos). ¿Debiera la empresa Constructora mitigar el daño producido con la demolición ilegal vía beneficios para la comunidad? Esperamos conocer su parecer.